Las instituciones de nuestro país pretenden ser las catalizadoras de la transformación digital de la economía nacional. O eso se afirma en la hoja de ruta del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas. Pero ¿cuál es el grado de madurez digital real de la Administración?
Para las Administraciones públicas, la prestación de servicios de calidad a millones de usuarios supone un desafío que las tecnologías de la información y las comunicaciones contribuyen a afrontar con mayor eficiencia. Por eso, no es de extrañar que cada vez más trámites se trasladen a la esfera online.
Con la pandemia, el proceso de transformación digital de las autoridades se aceleró a marchas forzadas. Sin embargo, el reto aún hoy es que todas las instituciones y niveles de administración se adapten a este nuevo paradigma y hagan buen uso de él.
Tras centrarnos en el grado de competencia digital de la población española, continuamos nuestro ciclo sobre madurez digital en España evaluando la situación de la Administración.
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Crecimiento sólido de la Administración electrónica
Con datos de 2022, el Estado español ocupa el quinto puesto de la Unión Europea en materia de servicios públicos en línea —avanzando dos puestos respecto a 2021— con una puntuación de 83,5, muy por encima de la media de la UE (67,3).
Los indicadores analizados muestran que, entre los ciudadanos y las autoridades públicas, hay un alto nivel de interacción por Internet. En comparación con el 65 % de la media de la UE, el 73 % de los ciudadanos españoles utilizan activamente los servicios de Administración electrónica y en el último año han tramitado de forma telemática:
- Cerca de 16 millones de consultas de tráfico
- Más de 1,2 millones de consultas de datos del padrón
- Cerca de 70 millones de expedientes con la Administración
- Más de 160 000 expedientes de Registro Civil
En la mayoría de los casos, para hacer estas gestiones por Internet, es necesario utilizar un sistema de identificación online, como Cl@ve Digital, el certificado digital o el DNI electrónico.
Los hombres emplean estos métodos algo más que las mujeres —el 78 % frente a al 77 %, respectivamente—, pero las diferencias principales se perciben en la edad de quienes los manejan: se pasa del 87 % entre los más jóvenes al 60 % en los mayores de 65 años.
El servicio más usado y valorado es el de la identificación digital, sobre todo entre los jóvenes de 24 a 35 años y, según datos oficiales, la valoración media de quienes han realizado trámites online se aproxima al 8 sobre 10.
Mejoras pendientes en la experiencia de usuario
A pesar de los buenos números, hay mucho margen de mejora desde la perspectiva del usuario. La relación online con los servicios públicos aún resulta engorrosa incluso entre quienes se manejan bien en Internet: ¿quién no se ha perdido alguna vez en los macroportales oficiales para obtener un documento o solicitar un simple cambio de datos?
Hoy por hoy, en España, estar informado de lo que hacen los entes públicos o interactuar con ellos por Internet es una locura, en parte debido a su dispersión. Enterarse de convocatorias de becas, conseguir una subvención o tramitar una licitación pública por vía telemática son solo algunos ejemplos de lo difícil que es acceder digitalmente a los servicios que deben prestarnos las Administraciones.
Igualmente, algo tan básico como la adaptación móvil todavía no está a punto y, de hecho, se espera que a finales de 2025 apenas el 50 % de los servicios públicos digitales sean accesibles a través del móvil.
El 40 % de las entidades públicas tiene planes de modernización y migración a la nube, pero apenas el 13 % ha completado el proyecto. Esto no es banal, ya que la infraestructura cloud haría posible garantizar la disponibilidad y mejorar la resiliencia de los servicios públicos, de modo que se agilizarían los trámites.
El Observatorio Económico del BBVA señala cuatro pilares clave para avanzar en la digitalización de los servicios públicos:
- Mejorar las competencias digitales de la población: en España hay actualmente unos 15 millones de personas que carecen de competencias digitales básicas.
- Optimizar los canales de contacto con la Administración, tanto en términos de sencillez y usabilidad, como de seguridad y confianza.
- Incrementar la inversión en infraestructuras tecnológicas y dotar de cobertura de redes de banda ancha a todos los núcleos de población.
- Ampliar el número de trámites que se pueden hacer por Internet, sobre todo, en el plano autonómico.
Avance dispar en las Administraciones territoriales
Efectivamente, uno de los retos pendientes es la modernización por igual de todos los niveles de la Administración, de modo que puedan adaptarse a la nueva realidad de ciudadanos y empresas.
En 2019, la consultora Ernst & Young presentó un informe detallado sobre el grado de madurez digital de las entidades públicas: de las 17 comunidades autónomas, 52 diputaciones y cabildos, y 21 ayuntamientos analizados, ninguno cumplía todos los requerimientos que recogen las Leyes 39 y 40. No obstante, se observó grados muy dispares en cuanto al funcionamiento digital.
Las administraciones mejor adaptadas eran las comunidades autónomas. De ellas, las más digitalizadas eran el País Vasco, donde se cumplen un 94,7 % de las exigencias, Galicia (94,2 %), y Cataluña (93,5 %). En el extremo opuesto, donde menos requisitos básicos se habían implementado, se situaban Extremadura (47,9 %), Aragón (51,2 %) y Navarra (66,5 %).
En el estudio, se analizó también el grado de transformación digital de los principales ayuntamientos españoles, entre los cuales sobresalieron el de Valencia, con el 87 % de cumplimiento, Hospitalet (82,8 %) y Madrid y Málaga (ambos con 81,4 %).
Entre las diputaciones provinciales, el cumplimento era más bajo, con una media del 64 %, aunque con casos muy llamativos de inmadurez digital administrativa, como el del Cabildo de la Gomera, que apenas cumplía el 0,9 % de los requerimientos.
Por temáticas, lo que mejor cumplían las administraciones españolas era la obligación de contar con un portal web que permita la participación ciudadana por medios electrónicos. Sin embargo, el 38 % de los ayuntamientos y el 52 % de las diputaciones no cumplían los requisitos a este respecto.
Con la llegada de la pandemia, la transformación digital dio un vuelco a la situación y, a finales de 2021, el 84 % de las regiones españolas tenían un plan de transformación digital, y diez contaban con un responsable para llevarlo a cabo.
El año pasado, las comunidades autónomas pusieron en marcha 95 proyectos de innovación digital, entre los que destacan los dedicados a la ciberseguridad, mientras que las entidades locales, diputaciones, cabildos y consejos insulares iniciaron más de 830 proyectos a lo largo del territorio.
Índice de Madurez Digital de la Administración municipal catalana
De manera lenta per inexorable, las distintas administraciones públicas trabajan para adaptar los servicios públicos al mundo digital. La Administración Abierta de Cataluña (AOC), por ejemplo, ha puesto en marcha un Índice de Madurez Digital, que permite medir el progreso de los municipios catalanes en este sentido.
En esta comunidad, la mayoría de los municipios son pequeños o medianos (con una media de 7000 habitantes) y tienen limitaciones de todo tipo para evaluar su transformación digital, desde recursos económicos muy limitados hasta la falta de competencias analíticas avanzadas de los trabajadores municipales.
Por ello, se ha creado esta solución llave en mano para evaluar el proceso con mínimo esfuerzo, de modo que todos los ayuntamientos puedan tomar decisiones lo más acertadas posibles.
En 2020, el uso de los servicios digitales en Cataluña se multiplicó por tres y el IMD de las entidades locales aumentó en 8 puntos, hasta situarse en el 59 % de los municipios. El resultado fue un ahorro de 120 millones de euros.
Funcionarios con competencias digitales
Innegablemente, la Administración electrónica en España está muy avanzada. Mal que bien, casi todos los trámites principales ya se pueden hacer online: impuestos, instancias, multas, denuncias, inscripciones, matriculaciones, etc. Falta que tanto la ciudadanía como el personal público maneje las herramientas con eficiencia y facilidad.
Aunque la pandemia impulsó la capacitación digital del funcionariado, una encuesta del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) ha confirmado que «hay una brecha interna en lo relativo a competencias digitales».
Para trabajar con hojas de cálculo masivas, ciencia de datos o inteligencia artificial, se requiere la actualización del perfil general de los empleados públicos. Por eso, una de las líneas de actuación del Plan de Nacional de Competencias Digitales busca formar al personal de las Administraciones públicas en el ámbito online.
Si el objetivo central del plan es que toda la sociedad española alcance una transformación digital inclusiva, cualificada, competitiva y sostenible, el sector público, como responsable de más del 50 % del PIB en España, tiene que ponerse las pilas.
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